El Ministerio de la Verdad

Hace unos días, los que siguen las noticias internacionales seguro se enteraron de un golpe de estado en Tailandia perpetrado por el ejército. El golpe de estado ha sido condenado por varios gobiernos incluyendo el de los Estados Unidos por las mismas razones de siempre: no representa la voluntad del pueblo porque no se dio bajo elecciones libres. La primera contradicción es que muchas de las elecciones en estos países (incluyendo el nuestro por supuesto) no son necesariamente limpias. La segunda contradicción es que no se puede hablar de legitimad en un gobierno corrupto, inepto, que vive gracias al nepotismo. El gobierno del primer ministro Thaksin se vino abajo a principio del año gracias a protestas masivas en todo el país, sin embargo no pasó un mes en que incumplió su promesa y regresó al poder, entre algunos de sus logros es el enriquecimiento ilícito usando tácticas que harían orgulloso a Roberto Hernández y ciertas reformas de estado que fomentaron el privilegio por encima del progreso.

Por supuesto los interesados en perpetrar el statuos quo (no hay que ser un politólogo para darse cuenta quienes son, en nuestro país se pintan de azul) se quejan sin parar ante actos autoritarios como este golpe de estado pero se quejan calladitos a la hora de condenar a las democracias fallidas. Para ellos, el primer error de un gobierno golpista basta para justificar su repudio. Sin embargo las democracias fallidas siguen y siguen cometiendo errores, siguen robando a su propia gente y destruyendo las instituciones existentes pero siempre merecen otra oportunidad (o dos o tres o cuatro más). Para esta gente son problemas temporales que todo gobierno neoliberal “business-friendly” enfrenta en el camino hacia el progreso inevitable que llegará… un día de estos. Pero bien sabemos que nunca llega. Y nunca llegará a menos que estos países logren eliminar a las clases políticas y sectores privilegiados que estancan su progreso y que secuestran el verdadero valor de la palabra “democracia” (que para estos casos simplemente significa que haya elecciones) para sus fines claramente anti-democráticos.

Así pues, queda claro que hay dos tipos de personas. El primer tipo comprende la gente que por el simple hecho de que una acción “no es democrática” entonces ya queda marcada como algo indeseable (encontrarán a esta gente escribiendo editoriales en el Wall Street Journal). El segundo tipo incluye aquellos en que están concientes que la democracia no es un fin, es un medio, y que el verdadero fin es el progreso social. Y que si es necesario un golpe de estado para encaminar al país hacia ese fin, pues entonces se justifica. Claro, a priori es imposible saber si una acción política tendrá éxito o no. Los generales golpistas bien podrían instaurar un régimen dictatorial que haga que país termine peor de lo que estuvo incluso bajo el cleptocrático gobierno de Thaksin. Pero también es posible que se haga una suficientemente profunda limpia de la clase gobernante y de las instituciones políticas y judiciales (incluyendo la constitución) como para que el país comience de nuevo con el pie derecho.

La analogía con la situación política nacional debe ser bastante obvia: una cosa es decir que existe democracia, otra es que la haya. Y si existe o no es irrelevante, lo importante es el progreso social y el fortalecimiento de las instituciones que rigen al país. Cuando hablo de instituciones no hablo de que solo existan, hablo de que funcionen. Tampoco hablo únicamente de las instituciones electorales, hablo de todas: hablo de los mecanismos de regulación que hagan que nuestra economía no esté secuestrada por monopolios y grupos de interés (que operan bajo la total complacencia del partido defensor incondicional de los empresarios) que lo único que logran es que perdamos competitividad justo cuando el entorno internacional requiere de una economía más dinámica y fuerte. Hablo también de reformas fiscales que frenen la evasión, reformas políticas para que los estados y municipios rindan cuentas, reformas legislativas para que todos los partidos -no solo esa turbia alianza PAN-PRI- sean adecuadamente representados en las comisiones y los órganos descentralizados como el IFE.

A fin de cuentas los gobiernos efectivos se rigen bajo tres cosas: incentivos, balances, transparencia y consecuencias. Los incentivos permiten que los gobiernos obtengan cierto beneficio por trabajen para el bien social. Un ejemplo: si los municipios se vieran forzados a recaudar una mayor proporción de su presupuesto mediante impuestos entonces lo harían más efectivamente ya que la federación no les estaría regalando dinero como ocurre ahorita. Balances implican que ningún partido político o grupo de interés podrá tener hegemonía sobre otros. La inevitable alianza legislativa entre el PAN y el PRI debe ser el mejor caso de una situación política claramente indeseable. Eso si, no hace falta el ingenuo que pensará que ahora sí se van a pasar las reformas que el país necesita. Considerando que dichas reformas van en contra de los intereses inherentes de ambos partidos, lo dudo. En cuanto a transparencia, debe ser obvia su necesidad. La rendición de cuentas debe ser universal para todas las entidades, para todos los funcionarios sin excepciones ni partidas secretas ni legalismos.

Finalmente están las consecuencias. Hasta que vivamos en un país cuya fortaleza legal haga que escoria como el Gober Precioso, Kamel Nacif, Roberto Hernández y compañía terminen en la cárcel donde merecen estar, no llegaremos a ningún lado. En las últimas dos semanas vimos la penosa exoneración de algunos de los personajes más deplorables del acontecer nacional: Oscar Villareal Espinosa, René Bejarano y los hermanos Bribiesca. Otro de ellos, el Gober Precioso estuvo a punto de también aunque no se sorprendan que su exoneración simplemente fue retrasada unos meses. Ante todo esto me quedo incrédulo ante las declaraciones de monseñor Carlos Abascal quien mostró tremenda indignación ante los recientes escándalos telefónicos que han involucrado a personajes tan ilustres como Emilio Gamboa y Joaquin Hendricks. Lo triste es que su indignación es hacia el hecho de que se haya cometido espionaje telefónico, no al contenido de dichas llamas. ¿Se imaginan si salen conversaciones entre Calderón y Ugalde? Ahora ya saben por qué se le arruga a nuestro querido Abascal.

Regresamos al punto inicial. Si la democracia es algo que merece ser preservada, ¿qué de nuestro sistema político merece salvación? Confiabilidad electoral aparentemente no. Balance de poderes políticos tampoco. Un estado de derecho mucho menos. Ni siquiera una constitución arcaica que nadie respeta. Es hora de darnos cuenta que el mayor obstáculo para el progreso social en México es permitir que esta clase política nos siga gobernando. Me gustaría pensar que eventualmente tendremos legisladores educados (al menos alfabetas) que presentarán las reformas que el país requiere. Me gustaría pensar que tendremos un presidente estadista que ponga los intereses partidistas a un lado y tenga mano dura para dirigir la nación por el camino correcto. Me gustaría pensar aún más que un día todos los mexicanos nos despertáramos con amor por la patria y dejáramos de ser un pueblo complaciente, corrupto y dispuesto a conformarse por migajas (como por ejemplo tomar como un “logro” económico el no haber generado una crisis). Sin embargo 200 años de historia me hacen llegar a la conclusión de que esto no sucederá.

México es un país con problemas radicales y que necesita soluciones radicales. De no ser dispuestos a aceptar el reto del cambio, viviremos con la seguridad de no llegar a ningún lado por tenerle una fe ingenua en un gobierno que no nos quiere llevar a ningún lado.

¿Están de acuerdo o están de acuerdo?

This entry was posted on Tuesday, September 26th, 2006 at 4:01 pm and is filed under Debrayes. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.